Institucionalización y violencia en Ciudad del Niño, Salamanca*

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El Caso “Ciudad del Niño” en Guanajuato deja en evidencia la violencia sistemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, sin cuidados parentales o en situación de vulnerabilidad. Las políticas y legislaciones empleadas no solo han sido insuficientes, sino que no han garantizado el acceso a la justicia en casos de violación a derechos humanos. Se vuelve urgente la necesidad de una adecuada  regulación, supervisión y seguimiento sistemático de éstos espacios, donde se cuente con información certera del estado y atención de cada niño, niña y adolescente, así como los responsables de estos centro de refugio.

El siguiente texto fue escrito por Rebeca Aguayo, coordinadora del área de investigación de NIMA, Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Recomendamos su lectura.

Elige Red

Rebeca Aguayo

A partir del conocimiento del caso de Ciudad del Niño en Salamanca, en Nima comenzamos a realizar la documentación de las violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que se visibilizaron con el juicio de amparo 475/2016-VII.

Con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, con las Directrices Sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, y con diferentes fuentes de información: notas periodísticas, el amparo ya citado y testimonios recabados por Nima (principalmente), realizamos un informe que titulamos “institucionalización y violencia en Ciudad del Niño, Salamanca”, difundido desde el pasado martes 25 de julio del presente año.

En este informe hacemos un análisis de los testimonios que constatan las diferentes violencias de las que fueron víctimas niñas, niños y adolescentes en Ciudad del Niño; entre las que configuran la violencia sexual, física y psicológica, además de las presuntas adopciones ilegales, la posible trata de personas, que se han cometido en el albergue; en responsabilidad del padre Pedro Gutiérrez, quien sigue sin ser investigado.

Lamentamos que en los diferentes comunicados que ha emitido el gobierno de Guanajuato, deslinden de responsabilidades a Pedro Gutiérrez;  lo que refleja el incumplimiento por parte del gobierno guanajuatense, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en específico con el Título Tercero sobre las obligaciones de quiénes ejercer patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, hemos planteado un esquema para la documentación y líneas de profundización del caso:

  • Acceso a la justicia: favorecer el acceso a la justicia penal a las presuntas víctimas.
  • Integración de expedientes de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg): revisión de las quejas presentadas ante el organismo local de derechos humanos, incluyendo aquellas que se consideraron improcedentes
  • Establecer un censo único: obtener información documental sobre la situación de cada niña, niño y adolescente ingresado en La Ciudad de los Niños
  • Proteger a las víctimas: establecer planes de seguridad y de atención integral a las víctimas
  • Fortalecimiento de capacidades: instalar capacidades técnicas y estratégicas de las instituciones de protección integral

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Para revisar el informe pueden hacerlo en la siguiente liga: bit.ly/InformeNIMA

Hacemos nuevamente el llamado para que el gobierno de Guanajuato, junto con las autoridades federales como la Procuraduría General de la República, Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia y la verdad, buscar la restitución y protección de los derechos de cada niña, niño y adolescente que ha sido víctimas de las violencias que ya se han mencionado.

Esta problemática, ha revelado las insuficiencias que tienen las diferentes dependencias gubernamentales de Guanajuato vinculadas directamente con problemáticas de la niñez y adolescencia. Se continúa actuando desde una lógica asistencial, que lejos de resolver las diversos problemas, contribuyen (por acción y omisión) a   la reproducción de estos.

Esto además de reflejarse en las políticas públicas, se manifiesta en los perfiles que ocupan las direcciones y/o coordinaciones de las dependencias responsables de la agenda pública de la niñez y adolescencia. En donde las decisiones recaen en personas con profesiones ajenas a la niñez y adolescencia; es aquí en dónde cabe cuestionar,  ¿Qué papel tienen las niñas, niños y adolescentes para los gobiernos?, ¿importan los perfiles profesionales para estos cargos o es una cuestión meramente política? ¿existe un proceso transparente para ocupar estos cargos?.

En pleno 2017, las personas casadas con los presidentes y/o gobernadores siguen ocupando la Presidencia de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (los DIF), más allá del parentesco con las autoridades locales y nacionales, es cuestionar los perfiles y capacidades de quienes deciden sobre la política pública de los sectores que abarcan instituciones como el  DIF.

En la situación concreta de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo perderlo, las políticas públicas han sido insuficientes, ya que continúan obedeciendo al paradigma tutelar de la niñez y la respuesta sigue siendo la institucionalización, con lo que incumplen a garantizar el derecho a vivir en familiar y en comunidad de cada niña, niño y adolescente; la respuesta tendría que obedecer cuidar y proteger éste derecho; buscando el fortalecimiento a las capacidades integrales de cada familia, reintegración familiar, acogimientos familiares y/o adopciones, dejando como última opción el acogimiento residencial.

El problema no son los espacios que brindan el acogimiento residencial  (albergues o casas hogar, ahora centros de asistencia social), ya que estos lugares históricamente han llegado a cubrir necesidades que las familias no son capaces de cumplir,  por las condiciones que el Estado no garantiza:  como el acceso a la educación, empleo, salud  y un largo etcétera.

Es una problemática compleja y multiactoral, en la que destaca el papel del gobierno, ya que siguen viendo el acogimiento residencial como única opción, sumado a que no realizan una regulación, supervisión y seguimiento sistemático de éstos espacios, lo que condiciona situaciones como Ciudad del Niño. Si el gobierno de Guanajuato cumpliera con las Directrices antes citadas, en este centro de asistencia social, se hubieran detenido las graves violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas niñas, niños y adolescentes.

No obstante, la sociedad mexicana somos nuevamente testigos de un caso igual a Mamá Rosa, a Casitas del Sur, hoy nuevamente con mucha indignación sobre lo que pasa,  esperamos y exigimos no vuelva a ocurrir; exhortamos a los gobiernos en sus tres niveles a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a responder a las obligaciones que les competen, a comprometerse realmente con esta población, pero sobre todo a romper con la impunidad que arrastra a nuestro país.

Invitamos a firmar la petición en Change.

#NoAlFueroClerical

*NIMA, Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.
Teléfono: (477) 7 13 22 14 (previa cita)
Facebook: Comunidad Loyola.
Correo: infanciagto@gmail.com
Página: www.comunidadloyola.com
Domicilio: Chiapas #501, Col. Bellavista, León, Gto.

*Publicado en zonafranca.mx [julio 31, 2017]

Foto:oscscoahuila.mx

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