Los derechos políticos de las mujeres y cómo defenderlos*

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Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU se inicia una nueva época marcada por el desarrollo de una serie de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como por cambios constitucionales y normativos a nivel nacional para el reconocimiento pleno de los derechos que tienen las personas por el hecho de serlo. Sin embargo para las mujeres, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no significó automáticamente el reconocimiento pleno de sus derechos. En muchos países, incluido México, cuando se aprobó la Declaración en 1948, las mujeres no eran consideradas ciudadanas plenas ya que no podían votar, trabajar o tener acceso a propiedades si eran solteras.

En ese sentido, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, como hoy lo conocemos, ha sido producto de la lucha por la reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres. Este reconocimiento, históricamente ha pasado por varios momentos, comenzado por la exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a votar y ser votadas hasta la exigencia de una igualdad sustantiva (de resultados) en el ejercicio de los derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones.

En México, los esfuerzos en materia de participación política de las mujeres han encontrado paulatinamente expresión en un sólido andamiaje normativo y en acciones concretas que pretenden impactar positivamente en la erradicación de la discriminación y el logro de la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres a todos los niveles.

Lo anterior se ha ido logrando a través de diversas acciones, incluida la implementación de medidas especiales de carácter temporal (también llamadas acciones afirmativas) como las cuotas de género en las listas electorales de los partidos, que se fueron fortaleciendo tanto en su letra como en su implementación, a través de varios años gracias tanto a reformas legislativas como a la jurisprudencia derivada de diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, es muy importante señalar que la reciente reforma constitucional de 2014 para garantizar la paridad de género en las listas a candidaturas al Poder Legislativo Federal y local constituyó un paso sólido y fundamental para garantizar igualdad en el ejercicio de estos derechos políticos. A diferencia de la cuota, la paridad es una medida permanente para la garantía de los derechos políticos y la mejora de la calidad de la democracia.

En relación con lo anterior, es indudable que a más de 60 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre mujeres y hombres. Sin embargo, debemos estar conscientes de que aún persisten obstáculos estructurales, socio-económicos, culturales e institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, y que enfrentar estos obstáculos requiere de esfuerzos articulados a todos los niveles.

El extracto de esta entrada corresponde a la Introducción del Cuaderno de Trabajo

*Publicado en ilsb.org.mx

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