ONG: no hay compromiso para combatir el hostigamiento*

Noticias

Teresa Moreno y Manuel Espino

Los casos de hostigamiento y acoso sexual al interior de instituciones de gobierno reflejan que no existe un verdadero compromiso por parte de los funcionarios que lo cometen para asumirse como representantes del gobierno mexicano, que hacen falta campañas de prevención y que faltan sanciones a quienes cometen este delito, puesto que sólo así se va a evitar que siga ocurriendo, coincidieron organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

El aumento en las denuncias por acoso sexual en dependencias es un reflejo del empoderamiento de las mujeres, quienes decidieron alzar la voz, pero no son garantía de que habrá castigo para los acosadores, afirmó la directora de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, Ana Precova. Dijo que la respuesta institucional ha sido básicamente crear protocolos y luego capacitar al personal, lo que, señaló, individualiza el problema y no se atiende de manera sistemática.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que 53 dependencias federales, organismos autónomos y universidades públicas informaron que en la última década se han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales, en su mayoría, terminan archivadas o con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales, reubicaciones o disculpas a la persona agredida.

“Si no se cambia nada en el contexto, en las condiciones, en la estructura y sólo se quita al acosador, ese lugar va a ser reemplazado por otro individuo, entonces me parece muy importante que no sólo se individualice el problema, sino que se debe buscar un cambio sistemático”, dijo Ana Precova.

A su parecer, los protocolos no son suficientes para evitar que el problema se siga repitiendo en el ámbito laboral, ya que con ellos se pasa la solución y la responsabilidad a la víctima.

Para la directora ejecutiva de la organización Comenta Diálogo de Saberes, Nisaly Brito Ramírez, en casos como los que documenta EL UNIVERSAL, el victimario es el propio Estado mexicano, puesto que quienes cometen hostigamiento y acoso sexual dentro de los entes de gobierno, son representantes del mismo.

Estos casos continúan ocurriendo en entidades públicas, puesto que si bien están sancionados y existen leyes y normas para prevenir y erradicar este delito, el problema es que las instituciones no castigan como debieran e impiden el acceso de las mujeres a la justicia.

“El Estado vuelve a demostrar su complicidad con el poder machista, porque muchos de estos casos quedan archivados y las servidoras públicas que tienen el valor de denunciar, se enfrentan con la violencia institucional, que termina invisibilizando su problema y haciendo inaccesible el acceso a una vida libre de violencia”, dijo.

Para Ximena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, representa un avance el hecho de que en los dos últimos años se le haya dado mayor visibilidad a este fenómeno, el cual no es nuevo, puesto que así más mujeres se han atrevido a denunciar.

Liliana Caballero, responsable del área de incidencia y política pública de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales, señaló que estos datos no sorprenden, al presentarse estos delitos con mayor frecuencia en los estados y municipios, los cuales no tienen los mismos mecanismos y normativas de las federales.

Foto: posta.com.mx

*Publicado en eluniversal.com.mx [enero 9, 2017]

Consulta también:

Deja un comentario