Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018

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PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2014-2018

Las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en lo privado y lo público, se han registrado desde los años noventa. Sin embargo, fue hasta 2003 cuando se realizaron las primeras encuestas nacionales en materia de violencia contra las mujeres, tales como, la 'Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003' (ENDIREH 2003), que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la 'Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003' (ENVIM 2003) de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. Aunque tienen metodologías distintas, en el caso de la violencia física de pareja, la prevalencia fue similar: 9.3 en la ENDIREH 2003(1) y 9.8 en la ENVIM 2003(2).

Estas encuestas pusieron de manifiesto que la violencia contra las mujeres no era un fenómeno aislado, sino que afectaba a un importante número de mujeres, con lo cual se dejó de ver como un problema de carácter privado y se reconoció como un problema público, formando parte de la agenda gubernamental.

De acuerdo con la última encuesta del INEGI(3), 62.7% de las mujeres de 15 años o más han padecido, al menos, un incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida.

Como se desprende de la gráfica anterior, los actos de violencia en contra de las mujeres son ejercidos por diversos sujetos con quienes las mujeres establecen relaciones, desde los más cercanos como la pareja y familiares, personas no tan cercanas como directivos o compañeros de trabajo, autoridades y personal de los centros o instituciones educativas, hasta desconocidos.

Este clima de violencia no sólo ha generado señalamientos por parte de organismos internacionales, sino que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En efecto, el tribunal interamericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estado mexicano. La mitad de estas sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos de las mujeres: González y otras (“Campo Algodonero”), Fernández Ortega y Rosendo Cantú.

No obstante, en México existe un compromiso para adoptar políticas públicas y medidas legislativas de acción afirmativa necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas sociales que discrimen a las mujeres y a las niñas, o que reproducen situaciones de desigualdad o marginación.

De ahí la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos legales y administrativos que permitan de manera directa y sin escatimar esfuerzos, garantizar los derechos humanos de las mujeres, para erradicar las causas de violencia, armonizando los contenidos legislativos nacionales y estableciendo estrategias para impulsar la transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres.

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*El texto publicado es parte del Capítulo 1 de este Programa

Ilustración: dof.gob.mx

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