Senadores piden la declaratoria de AVG en Puebla ante el aumento de feminicidios*

NoticiasPrincipales

Gabriela Hernández

PUEBLA, Pue. (apro).- Senadores del PRI y de Morena demandaron a las autoridades correspondientes la emisión de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en la entidad, ante el creciente número de femicidios ocurridos en los últimos años.

Uno de los pronunciamientos fue presentado por la senadora Dolores Padierna y los otros dos provinieron del PRI y de la legisladora Lucero Saldaña, donde se hace referencia al feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, cuyo cuerpo fue localizado en los límites entre Puebla y Tlaxcala el pasado viernes 15.

En la iniciativa presentada por Padierna se propone que el Senado haga una condena enérgica por el asesinato de la joven universitaria, y que se envíe un exhorto a las autoridades poblanas para que otorguen justicia pronta y expedita a los familiares de la víctima.

De igual manera, pide exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), considere activar la declaratoria de AVG en Puebla.

El grupo parlamentario del PRI también menciona que el asesinato de Mara Castilla, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, es el número 82 ocurrido en la entidad, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 30 años, universitarias, y casi todas presentan indicios de estrangulamiento o traumatismo.

“La problemática en Puebla es grave, basta mencionar que de 2007 a 2014 la tasa de homicidios de mujeres pasó de 1.6 a 2.8 delitos por cada 100 mil habitantes”, mencionan los legisladores.

También hacen referencia al proceso de solicitud de AVG que se puso en marcha en Puebla desde enero de 2016 y por lo cual la Conavim emitió una serie de recomendaciones que supuestamente fueron cumplidas por el gobierno poblano.

“…tal parece que tales acciones no se han visto materializadas en la realidad, razón por la cual resulta importante que se realice un nuevo análisis de la situación que guarda el estado de Puebla, a fin de observar si efectivamente se implementaron las acciones de protección y atención de los derechos humanos de las mujeres. También es importante advertir si se requieren otro tipo de acciones”, recomiendan los legisladores.

Los priistas consideran necesario conocer los documentos que el estado remitió al grupo de trabajo de la Conavim y que fueron valorados para determinar que la declaratoria de AVG no era meritoria para el estado.

En su iniciativa, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional pide exhortar a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para que solicite la AVG.

La senadora Lucero Saldaña destaca en su iniciativa que de 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Puebla, hasta la fecha, este tipo de delitos se ha multiplicado casi cinco veces, al pasar de 12 a 58, según las cifras oficiales emitidas por la Fiscalía General del estado.

Asimismo, menciona que en el primer semestre de este año se tenía reportada la desaparición de 276 mujeres en Puebla, lo que –indica– estaría relacionado no sólo con feminicidios, sino también con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual que operan en la región.

“Puebla es origen, tránsito y destino de esta forma de trata. Esta es una realidad que no debemos obviar. Por el contrario, ambos fenómenos van de la mano y deben formar parte de la estrategia integral para prevenir y atender los feminicidios”, recalca la senadora priista en su iniciativa.

Organizaciones que forman parte de la mesa de seguimiento a la solicitud de la declaratoria de AVG en Puebla condenaron este martes el feminicidio de Mara Fernanda Castilla y demandaron al gobierno estatal hacer frente a la violencia feminicida que prevalece en la entidad.

“El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda se suma a un contexto de violencia feminicida sistemática, ya que en lo que va del año los feminicidios se han incrementado en la entidad, superando los registros de años anteriores realizados por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos”, indican en un pronunciamiento.

Añaden: “Esta lamentable situación, que denota la máxima expresión de la violencia de género y el contexto de violencia hacia las mujeres en el estado de Puebla, traducido en desapariciones, agresiones sexuales y asesinatos de niñas y mujeres, evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) piden que el gobierno de Puebla adopte medidas para la debida investigación y esclarecimiento del feminicidio de Mara Castilla, así como para sancionar a los responsables, y asegurar que se repare el daño a familiares, incluida la indemnización, atención integral, derecho al conocimiento de información fi¬dedigna y medidas de no repetición.

También reclaman que las autoridades poblanas cumplan cada una de las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo conformado para analizar la solicitud de la AVG, en especial las referentes a los Protocolos de Investigación del Delito de Feminicidio y el de Investigación y Preparación a Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Igual, manifiestan la necesidad de que el gobierno de Puebla asigne presupuesto para atender la problemática y para capacitar a servidores y servidoras a cargo de las investigaciones, así como generar estrategias de prevención de violencia feminicida y que se reconozca como feminicidios los casos que aún permanecen invisibilizados.

Firman el pronunciamiento: CADEM; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla; el Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social; COMALETZIN; Colectiva Hablemos de Género; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana; Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos.

En la lista también aparecen: Observatorio Nacional de Feminicidio, conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que integran 80 organizaciones en 21 estados.

Este lunes se cometió un nuevo femicidio en la entidad, contabilizado como el número 86 de este año por los medios de comunicación. Se trata de la maestra Nazarea Iraís Simón Aguilar, quien además trabajaba en un horario extra como conductora de taxi.

La mujer, de 34 años, fue localizada al interior de su carro semidesnuda, con huellas de tortura y golpes, en el municipio de San Jerónimo Tecuanipa, luego de haber desaparecido el domingo 23. Reportes extraoficiales señalan que ese día salió de su casa para prestar servicio como conductora. Junto con el de Mara, éste sería el sexto feminicidio en lo que va de septiembre.

*Publicado en proceso.com.mx [septiembre 26, 2017]

Consulta también: